Los beneficios de la globalización se han distribuido de forma extraordinariamente desigual entre países y grupos sociales. En las últimas décadas hemos asistido a la extensión de la democracia por amplias regiones del mundo y a un crecimiento económico continuado. Pero, al mismo tiempo, se ha incrementadola brecha que separa a los más pobres de los más ricos. Las desigualdades se han acentuado entre los países y también en su interior.
Todavía hoy:
La mitad de la fuerza laboral mundial gana menos de 2 dólares diarios.
Más de 12 millones de personas trabajan en condiciones de esclavitud.
200 millones de niños y niñas menores de 15 años trabajan en lugar de ir a la escuela.
Más de 2 millones de personas mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales cada año.
Los derechos laborales y sindicales fundamentales no son respetados en muchos países del mundo.
Esta situación afecta preferentemente a los países en desarrollo pero tiene una repercusión directa sobre los países desarrollados. En ellos, las rentas salariales tienen cada vez una menor participación en la renta nacional, se incrementa la precariedad, la informalidad y la siniestralidad laboral. So pretexto de la competencia internacional, se ponen en cuestión derechos sociales como está ocurriendo en Europa con ocasión de la revisión de la Directiva de tiempo de trabajo y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que favorecen el dumping laboral.
Para dar respuesta al actual modelo económico, la Confederación Sindical Internacional (CSI) que agrupa a organizaciones sindicales de 155 países, ha decidido movilizarse y convocar una Jornada Mundial por el Trabajo Decente el próximo 7 de octubre. Esta jornada tiene una gran relevancia. Por vez primera se ha convocado una protesta sindical a escala planetaria. El sindicalismo internacional quiere expresar a los gobiernos y los empresarios, al conjunto de las sociedades y a las instituciones internacionales y regionales –como la Unión Europea– la voluntad sindical de aportar un nuevo enfoque a la globalización, de dar respuesta a los retos impuestos por la acelerada interdependencia económica, la transformación de las estructuras empresariales, la desregulación, las deslocalizaciones y la ausencia de derechos sindicales y laborales en muchos lugares del mundo. La Jornada Mundial tiene los siguientes objetivos:
La generalización del trabajo decente en el mundo que, según los define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), significa trabajo con contrato, salario digno, protección social básica, derechos sindicales, incluido el diálogo social. En nuestro ámbito, esto significa:
Ante las instituciones de la Unión Europea, junto con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la exigencia de modificación radical o derogación de la Directiva sobre tiempo de trabajo. Esta propuesta normativa es la mayor agresión contra los derechos de los trabajadores y del modelo social europeo desde que se inició el proceso de integración. Avanza hacia un modelo de relaciones laborales más propio del s. XIX que del siglo XXI.
Ante el Gobierno y las empresas españolas, la adopción de medidas y políticas tendentes a combatir la siniestralidad y precariedad laborales y a eliminar el trabajo no declarado.
La universalización de las Normas Fundamentales del Trabajo, adoptadas por la OIT. Entre los derechos recogidos en ellas se encuentran la abolición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la eliminación de toda discriminación en materia
de empleo y el reconocimiento efectivo de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Se trata de 8 objetivos cuantificables, que deben alcanzarse, como máximo, en 2015. La erradicación de la pobreza extrema y del hambre, la extensión de la enseñanza primaria, la promoción de la igualdad entre géneros o la reducción de la mortalidad infantil son los principales.
