IPC

 

A la radiografía imprecisa del IPC que cada final de mes se envía a la Comisión Europea para que calcule la inflación en los países del euro le ha seguido la resonancia magnética, mucho más detallada, de la evolución de todos los precios durante el mes de marzo, que analiza los gastos de las familias españolas por segmentos de consumo, desde la compra diaria hasta la matrícula escolar o la tarifa eléctrica. No por sabido, esperado y anunciado, deja de ser llamativo el dato de que a partir de este mes hay que poner un signo menos a la cifra del IPC, algo inaudito desde que se hace este cálculo con criterios homologados. La inflación oficial española es de -0,1%. Y va a ser así, negativa, según los expertos, al menos hasta octubre, si se mantiene una constante: la reducción del precio del petróleo a cotas en torno a los 50 dólares. Pero al tratarse de un análisis pormenorizado, también hay que contemplar otro enfoque: que la inflación subyacente, sin carburantes ni alimentos frescos, seguirá en zona positiva, alrededor del 1,5%. Por eso no hay deflación.

Pedir que bajen los precios del petróleo es un brindis al sol. Exigir saber por qué han subido por encima de la inflación las tarifas públicas o qué está pasando con los precios de los alimentos, sean frescos o elaborados, ha de centrar el debate. En esto último, Gobierno y autonomías siguen sin dar con la fórmula adecuada para corregir las desviaciones que reflejan los mercados. Las protestas de agricultores, ganaderos y pescadores cuando ven el precio final de sus productos merecen algo más que un observatorio público de precios. Gobernar, en economía, es asegurar que los mercados sean transparentes. Y el de los alimentos básicos aún no lo es.